Las grandes plataformas de subscripción de contenidos en línea, las OTT, como Netflix, Disney +, Prime Video o HBO Max, van siendo, a marchas forzadas, las grandes protagonistas del consumo audiovisual, en paralelo al despliegue de las redes de conexiones de banda ancha en los hogares y del 4G en los celulares. Y con ellas no solo se está desdibujando el tradicional modelo compartimentado de producción, distribución, exhibición y difusión (televisiva) sino que se está produciendo un auténtico cambio de paradigma de las industrias audiovisuales, acelerado por la pandemia, con el cierre forzoso de las salas de cine como gran y doloroso ejemplo.

Entre otras preocupaciones, está la de su afectación sobre el sector de la producción audiovisual de cada país. La Unión Europea aprobó a finales del 2018 una nueva Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, que introdujo como gran novedad a las OTT dentro de las regulaciones que hasta entonces solo afectaban a las televisiones, fueran en abierto o paga. A grandes rasgos, el catálogo de las OTT deberá cumplir una cuota de un 30% de obra europea y los Estados miembros de la UE podrán establecer exigencias de inversión directa en producciones en su territorio. Actualmente diversos Estados europeos están avanzando en la transposición (adaptación) de esta Directiva europea a su legislación interna. Por ejemplo, el gobierno francés plantea que las OTT inviertan entre un 20 y un 25% de sus ingresos en ese territorio los inviertan en producciones de films y series francesas. En el caso del gobierno español, presentaron a finales del 2020 un anteproyecto donde este porcentaje supondría solo el 5%. En el Canadá, se está ya debatiendo en las cámaras legislativas una nueva legislación audiovisual, que mandataría a su autoridad audiovisual a establecer cuotas de producción canadiense en estas plataformas.

¿Y los países latinoamericanos? La situación dista mucho de lo que acontece en Europa o el Canadá. Con escasas excepciones como una futura ley mexicana inspirada en la Directiva europea, que establecerá una cuota de catálogo del 30% para producciones nacionales, el panorama normativo es en general de desregulación en este ámbito. Diversos investigadores y académicos vienen reclamando la necesidad que se protejan las industrias audiovisuales de cada país y expresan su preocupación sobre el impacto de las OTT en la sostenibilidad económica de sus cadenas de televisión. Sobre esta cuestión se celebró hace unos meses el foro virtual “El rol de la academia en la transformación del sector audiovisual”, en el que se destacó la regulación europea en lo que respecta a las cuotas del catálogo de las OTT, la exigencia de inversión directa en series, películas, animación y documentales, y la aplicación de criterios de prominencia (presencia destacada) de las obras audiovisuales nacionales en estas plataformas.

Sea por una concepción errónea del concepto de “neutralidad de la red”, por el grave desconocimiento de los legisladores de este nuevo paradigma del consumo audiovisual o por otras razones, Latinoamérica está aún lejos de contar con los instrumentos normativos adecuados para defender sus industrias audiovisuales y promoverlas eficazmente ante los nuevos hábitos de consumo digital. Un reto de primer orden para este 2021 que ya ha comenzado.

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